Movistar, Vodafone y Orange, las tres principales operadoras de telefonía móvil en nuestro país, deberán asumir unas sanciones que suman un total de 1,5 millones de euros. El gobierno autonómico basa estas multas en la Ley de protección de los Consumidores y Usuarios, la misma que desaconsejaba a priori el redondeo al alza impulsado por estas compañías, que entró en vigor el pasado 1 de marzo. La publicidad engañosa y el incumplimiento de sus obligaciones han llevado al ejecutivo madrileño a tomar estas decisiones.
Es es primer aviso serio que reciben las compañías por parte de los poderes públicos en España. Tras el fracaso de la iniciativa popular del apagón de móviles, la legislación debe imponerse a los abusos reiterados de éstas empresas operantes en el Estado. Por ahora, la cuarta en discordia, Yoigo, se mantiene al margen de la disputa comercial, y mantiene los precios previos al 1-M. El gobierno regional espera que las sanciones sean "disuasorias". Es difícil imaginarse cuáles son las intenciones del gobierno de Esperanza Aguirre, no obstante es interesante la primera medida sancionatoria llevada a cabo por los poderes públicos contra la subida del establecimiento de llamada y la publicidad engañosa en general, así como el incumplimiento de los contratos firmados con clientes bajo unas condiciones y su alteración unilateral.
Habrá que esperar si se extiende el ejemplo a otras administraciones públicas, en especial la central. Las quejas de los consumidores no cesan, y las compañías se enfrentan a una situación de incertidumbre en la que por primera vez ven peligrar sus expectativas de mercado.
Es es primer aviso serio que reciben las compañías por parte de los poderes públicos en España. Tras el fracaso de la iniciativa popular del apagón de móviles, la legislación debe imponerse a los abusos reiterados de éstas empresas operantes en el Estado. Por ahora, la cuarta en discordia, Yoigo, se mantiene al margen de la disputa comercial, y mantiene los precios previos al 1-M. El gobierno regional espera que las sanciones sean "disuasorias". Es difícil imaginarse cuáles son las intenciones del gobierno de Esperanza Aguirre, no obstante es interesante la primera medida sancionatoria llevada a cabo por los poderes públicos contra la subida del establecimiento de llamada y la publicidad engañosa en general, así como el incumplimiento de los contratos firmados con clientes bajo unas condiciones y su alteración unilateral.
Habrá que esperar si se extiende el ejemplo a otras administraciones públicas, en especial la central. Las quejas de los consumidores no cesan, y las compañías se enfrentan a una situación de incertidumbre en la que por primera vez ven peligrar sus expectativas de mercado.
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